Hay momentos en los que la política local se comporta como si viviera dentro de una sitcom. Y estos días, en Nules, cuesta no escuchar en la cabeza aquella frase inmortal del portero Emilio en Aquí no hay quien viva: “un poquito de por favor”. Porque lo que está ocurriendo alrededor de la concejala de Igualdad, Gemma Carratalà, no pide ruido: pide calma. No exige titulares inflamados: exige rigor. No demanda prisas: exige respeto a los tiempos.
Vivimos en una época en la que basta un informe administrativo para que algunos actúen como si estuvieran ante una sentencia del Tribunal Supremo. Y conviene recordarlo desde el principio, porque parece que a más de uno se le ha olvidado: no hay causa judicial, no hay imputación, no hay condena. Lo que existe es un documento técnico que señala posibles fallos en un procedimiento. Y un procedimiento administrativo no es un juicio. Ni lo sustituye. Ni lo anticipa.
La presunción de inocencia no es un capricho: es la base del juego democrático
La presunción de inocencia no es un adorno jurídico para rellenar discursos institucionales. Es la piedra angular que evita que la política se convierta en un coliseo romano donde se decide la suerte de las personas a golpe de pulgar. Y en este caso, conviene repetirlo: nadie ha atribuido delito alguno a la concejala. Nadie.
Tampoco existe confirmación oficial de que las personas que trabajaron en el Punto Violeta lo hicieran sin contrato. Esa afirmación, tan repetida estos días, no está respaldada por ninguna resolución de la Seguridad Social.
Pero claro, pedir prudencia en tiempos de política acelerada es como pedir silencio en una mascletà.
El contexto que algunos prefieren ignorar
La historia, contada sin dramatismos, es bastante menos épica de lo que algunos pretenden. Una concejala recién llegada al cargo, un Ayuntamiento reorganizándose tras las elecciones, un verano que se echaba encima y un servicio —el Punto Violeta— que debía estar operativo sí o sí durante las fiestas. Se buscaron entidades, asociaciones, colectivos. Nadie podía asumir el servicio en las condiciones necesarias. Se recurrió a personas con experiencia previa, pero sin capacidad para facturar. Y se acabó utilizando la empresa del hermano de la concejala para poder emitir la factura y no dejar a las mujeres de Nules sin un recurso esencial.
¿Fue la mejor solución del mundo? Probablemente no. ¿Fue un intento deliberado de vulnerar la ley? No hay una sola prueba que lo sostenga. ¿Fue una decisión tomada en un contexto de urgencia? Sin duda.
El resto —el pago en B, el beneficio económico no acreditado, la organización interna del contratista— pertenece al ámbito privado del adjudicatario. Y ahí el Ayuntamiento no puede ni debe entrar. Lo que sí puede hacer, y ha hecho, es revisar sus procedimientos y comprometerse a mejorarlos.
Errores administrativos no son delitos
Que hubo errores administrativos es evidente. Que deben corregirse, también. Pero convertir esos errores en un escándalo político de proporciones bíblicas es una exageración que solo se explica por la proximidad del calendario electoral y por la tentación irresistible de algunos de convertir cualquier sombra en tormenta.
La política necesita distinguir entre una irregularidad administrativa y un delito. Entre un fallo de procedimiento y una conducta corrupta. Entre un informe y una sentencia. Y estos días, en Nules, esa distinción se ha difuminado peligrosamente.
El ruido político: cuando la prisa sustituye al juicio
La velocidad de algunas reacciones políticas hace pensar que el informe no les pilló desprevenidos, sino que solo necesitaban una chispa para encender un discurso que ya estaba escrito. Dimisiones exprés, declaraciones grandilocuentes, acusaciones de gravedad cósmica… Todo ello sin esperar a escuchar a la afectada, sin analizar el contexto, sin permitir que el pacto de gobierno trate el asunto con la serenidad que merece.
Mientras tanto, otros han pedido algo tan revolucionario como sensato: prudencia. Pero claro, la prudencia no da titulares. La prudencia no genera clics. La prudencia no alimenta la maquinaria del ruido.
Las personas importan: el daño reputacional también
En medio de este torbellino, conviene recordar algo que a veces se olvida con una facilidad inquietante: las personas no son piezas de ajedrez. Tienen nombre, familia, trayectoria, dignidad. Y son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. No al revés.
El daño reputacional es profundo, silencioso y, en ocasiones, irreversible. Por eso, antes de convertir un informe en una condena, conviene respirar hondo y recordar que la política debería ser un espacio de responsabilidad, no de linchamiento.
Conclusión: Un poquito de por favor
Lo que está ocurriendo en Nules no es solo un debate sobre un contrato menor. Es un espejo que refleja una tendencia inquietante: la facilidad con la que la política contemporánea convierte cualquier sombra en tormenta, cualquier informe en sentencia, cualquier sospecha en condena. Y lo hace sin esperar, sin escuchar, sin contrastar, sin permitir que los hechos respiren.
La democracia no se sostiene sobre impulsos, sino sobre garantías. La presunción de inocencia no es un capricho jurídico, sino un dique contra la arbitrariedad. Los procedimientos existen para ser respetados, no para ser utilizados como arma arrojadiza. Y la reputación de una persona no puede convertirse en moneda de cambio en un tablero político más interesado en el ruido que en la verdad.
La política necesita menos adrenalina y más serenidad. Menos titulares inflamados y más responsabilidad. Menos carreras por ver quién exige dimisiones antes y más compromiso con la justicia, que no es otra cosa que permitir que cada proceso siga su curso sin interferencias ni linchamientos.
Porque si algo debería unirnos como sociedad es la convicción de que nadie debe ser condenado antes de tiempo, ni juzgado en plazas públicas, ni sacrificado en aras de un rédito electoral inmediato. La verdad no se construye a golpe de prisa, sino a golpe de rigor.
Y por eso, hoy más que nunca, hace falta pedir —con serenidad, con firmeza y con sentido democrático— un poquito de por favor. Un poco de respeto a los tiempos. Un poco de decencia institucional. Un poco de humanidad hacia quienes, hasta que un juez diga lo contrario, son inocentes.
Solo así evitaremos que la política se convierta en un espectáculo de sombras y lograremos que siga siendo un espacio donde la verdad prevalezca, donde las instituciones funcionen y donde las personas no sean condenadas por un juicio que nadie ha celebrado.
Porque la justicia, cuando es auténtica, no grita. La justicia espera. Y exige, siempre, un poquito de por favor.
