La Audiencia Provincial de Castellón ha acordado reactivar una de las causas judiciales más relevantes de la última década en Nules al estimar el recurso presentado por el Ayuntamiento de Nules y respaldado por el Ministerio Fiscal contra el archivo del conocido caso relacionado con la venta de material procedente de instalaciones municipales.
La resolución, dictada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial, revoca el auto que decretó el sobreseimiento libre de las actuaciones en 2022 y ordena la continuación de la causa por todos sus trámites, reabriendo una investigación iniciada en 2015 y que parecía definitivamente cerrada.
La decisión supone un importante respaldo a la postura mantenida por el consistorio durante todo el procedimiento. La Sala considera que existen elementos suficientes para seguir investigando la venta de diferentes materiales procedentes del alumbrado público municipal y determinar si los hechos pudieran tener relevancia penal.
La clave del caso: la titularidad de los materiales vendidos
Uno de los aspectos fundamentales analizados por la Audiencia es la condición jurídica de los materiales que fueron vendidos. El tribunal concluye que, en esta fase procesal, existen indicios suficientes para considerar que dichos elementos seguían siendo propiedad del Ayuntamiento de Nules en el momento de su comercialización.
Según recoge el auto, está acreditada la venta de material de luminarias, motores, aluminio, chatarra y otros elementos procedentes de la renovación del alumbrado público, operaciones que fueron realizadas por los investigados y cuya documentación figura incorporada a la causa.
La Sala destaca además que, de acuerdo con las diligencias practicadas durante la instrucción, no consta que los ingresos obtenidos por dichas ventas fueran incorporados a las arcas municipales, ni que existan registros de ingresos relacionados con estas operaciones por parte de la Brigada de Mantenimiento o de las empresas compradoras del material.
El contrato municipal, elemento determinante
La Audiencia fundamenta buena parte de su decisión en el contenido del contrato suscrito entre el Ayuntamiento y la empresa encargada de la renovación del alumbrado público.
Dicho contrato establecía que los materiales retirados de las instalaciones debían ponerse a disposición del Ayuntamiento de Nules y que, en caso de no resultar aprovechables, debían gestionarse conforme al correspondiente plan de residuos y mediante empresas autorizadas, aportando la documentación acreditativa de su retirada y tratamiento.
Para el tribunal, no consta que esos materiales hubieran sido retirados por la empresa adjudicataria ni que existiera procedimiento alguno de desafección que implicara la pérdida de su condición de bienes municipales. Tampoco considera acreditado que se cumplieran los requisitos contractuales necesarios para que dichos materiales pasaran a ser considerados simples residuos sin valor patrimonial.
Posibles indicios de malversación
La resolución judicial da un paso más y sostiene que los hechos investigados podrían ser encuadrables, de manera indiciaria y pendiente del resultado de la investigación, en un posible delito de malversación de caudales públicos, tipificado en los artículos 432 y siguientes del Código Penal.
En concreto, la Audiencia señala que la venta directa de materiales de titularidad municipal y la eventual apropiación de las cantidades obtenidas podrían encajar en dicho tipo penal, razón por la que considera improcedente el archivo acordado anteriormente.
No obstante, el auto no determina culpabilidades ni establece responsabilidades penales definitivas. Su objetivo es precisamente permitir que la investigación continúe para esclarecer completamente los hechos y determinar si existió alguna actuación irregular.
Once años después, la investigación sigue abierta
Los hechos se remontan al año 2015, cuando el Ayuntamiento de Nules puso en conocimiento de la Guardia Civil diversas circunstancias relacionadas con la venta de material retirado por la Brigada Municipal.
A raíz de aquella denuncia se inició una investigación que acabó archivada en 2022. Sin embargo, el consistorio decidió recurrir aquella decisión al considerar que existían elementos suficientes para continuar con las diligencias. Cuatro años después, la Audiencia Provincial ha estimado dicho recurso y ha dado la razón tanto al Ayuntamiento como a la Fiscalía.
Entre los investigados en la causa figuran el entonces concejal responsable de la brigada municipal, Manuel Martínez Monteagudo, y Juan Bautista Ripollés Portalés, quienes se opusieron al recurso presentado por el consistorio.
